La imputación por terrorismo se suma al magnicidio de junio.
El anuncio de un nuevo proceso por terrorismo contra Katherine Andrea Martínez, ya investigada por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, reconfigura el mapa del caso: la Fiscalía describe planificación, logística y entrega de una bomba tipo lapa a un menor de edad para un ataque en Teusaquillo que no se ejecutó por presencia policial.
En términos probatorios, el expediente suma indicios materiales —vigilancias, transporte del explosivo y coordinación— que, de confirmarse, situarían a la señalada en un rol de enlace operativo. La imputación fue radicada por un fiscal seccional y el cargo no fue aceptado.
El contexto es central: el asesinato de Uribe Turbay sacudió la campaña presidencial de 2026. El senador fue baleado el 7 de junio y falleció el 11 de agosto tras semanas en UCI. En paralelo, tribunales juveniles condenaron al adolescente autor material y la Fiscalía amplió la búsqueda de coordinadores y determinadores.
Una hipótesis de red criminal ha ganado terreno desde los primeros días de la investigación del atentado, con cooperación internacional y recompensas por información. El nuevo proceso por terrorismo podría ayudar a atar cabos sobre financiamiento, inteligencia previa y eventuales ramificaciones en Bogotá.
En clave jurídica, el uso de un artefacto explosivo y la instrumentalización de un menor agravan el cuadro punitivo. Aun cuando el ataque no se materializó, la configuración del delito de terrorismo no exige consumación del daño si se acreditan actos idóneos y dirigidos a causar terror en la población o coaccionar a la autoridad.
La defensa de la investigada mantendrá la línea de presunción de inocencia y cuestionará la suficiencia de los elementos materiales probatorios. En audiencias posteriores podrían discutirse medidas de aseguramiento y la validez de seguimientos, vigilancias y trazabilidad del explosivo.
En el terreno político, el caso vuelve a poner el foco en la protección de candidatos y en el riesgo de recrudecimiento de la violencia. La muerte de Uribe Turbay fue leída en clave de retroceso frente a los compromisos de no repetición y a la necesidad de protocolos unificados para eventos masivos.
El expediente por terrorismo también interpela a la seguridad urbana: el plan en Teusaquillo ocurre en un distrito con presencia de sedes públicas y tránsito de alto flujo, donde una detonación habría tenido alto impacto simbólico y operativo.
A nivel comparado, las investigaciones por ataques frustrados han sido determinantes para desmontar células que alternan entre sicariato y técnicas explosivas, patrón observado en otros procesos de crimen organizado en la región.
Con el avance de los dos frentes —magnicidio y terrorismo—, la Fiscalía podría explorar acumulación de procesos o priorización por conexidad, en busca de una teoría del caso coherente que impute no solo a ejecutores, sino a la estructura detrás.
Bancadas legislativas y observatorios ciudadanos exigieron resultados medibles y garantías de debido proceso. La pregunta de fondo es si el nuevo proceso permitirá llegar a instigadores y financiadores.
Especialistas en política criminal advierten que el uso de menores por redes delincuenciales se ha expandido, lo que demanda prevención focalizada y sanciones proporcionales para adultos que instrumentalizan a adolescentes.
La apertura de este proceso por terrorismo es un punto de inflexión: si la Fiscalía logra probar coordinación, logística y jerarquía, podría consolidar la tesis de red criminal tras el caso Uribe. La ruta judicial seguirá revelando piezas.
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