Analistas piden combinación de inteligencia, justicia y control territorial.
El doble homicidio ocurrido dentro de una heladería de Santa Mónica pone el foco sobre una pregunta recurrente: ¿qué está fallando en la prevención de la violencia urbana en Cali? El ataque, ejecutado hacia las 11:15 a. m., exhibió una logística rápida y selectiva, rasgos propios del sicariato.
Mientras la investigación avanza, datos oficiales indican que entre enero y el 13 de noviembre de 2025 se registraron 899 homicidios en la ciudad, un incremento del 11% frente a 2024. La intersección de corredores comerciales —como la Avenida Sexta— con flujos vehiculares altos y cámaras mixtas (públicas/privadas) plantea un escenario donde la capacidad disuasiva aún es insuficiente.
Expertos en criminología consultados por medios locales señalan tres factores: (1) economías ilegales con disputa de rentas; (2) percepción de bajo riesgo por baja judicialización; y (3) microdinámicas barriales que facilitan la planeación del delito (reconocimiento de rutinas, puntos de llegada/salida). El caso de Santa Mónica encaja con patrones previos de ataques dirigidos.
El comunicado de Ventolini subraya un efecto colateral: la seguridad del comercio. Restaurantes y cafeterías en ejes icónicos —Avenida 6, Granada, Versalles— piden aumentar presencia policial visible, pero también fortalecer inteligencia y seguimiento. El objetivo: evitar que la “zona gastronómica” se perciba vulnerable.
Aplicar solo operativos de impacto sin investigación estructural suele desplazar el delito, no reducirlo. De ahí la relevancia de cámaras con analítica, mapas de calor del crimen y cruces de placas/IMEI con órdenes judiciales. Una unidad investigativa focalizada en homicidios por encargo en el norte podría acelerar capturas.
El CTI y la Policía anunciaron trazabilidad de evidencia: casquillos, trayectorias, testimonios y videos del perímetro. En ataques similares, el examen de armas (IBIS) ha permitido relacionar hechos, conectar células y construir expedientes de patrón.
La respuesta institucional podría incluir recompensas y control de movilidad para parrillero, apoyado en franjas horarias de riesgo. Sin embargo, expertos advierten que medidas amplias deben equilibrarse con derechos ciudadanos y metas de reactivación comercial.
Comparativamente, urbes latinoamericanas que enfrentaron picos de violencia en zonas comerciales —como Monterrey o Medellín— mejoraron indicadores cuando integraron fiscalía, policía e inteligencia financiera para golpear eslabones logísticos de redes criminales, no solo sicarios ejecutores.
Para Cali, el reto es simultáneo: contención inmediata en corredores críticos y desarticulación de quienes financian, ordenan o facilitan los ataques. El caso de Santa Mónica será una prueba de efectividad.
Gremios y vecinos exigen resultados medibles: capturas, imputaciones y condenas en tiempos razonables. La Personería reiteró el llamado a priorizar casos de alto impacto por su efecto multiplicador en percepción de seguridad y economía local.
De ratificarse hipótesis de ataque selectivo, el expediente se convertiría en insumo para mapear redes y prevenir nuevos hechos. La trazabilidad de armas y vehículos puede derivar en allanamientos y judicializaciones clave.
La ciudad afronta un punto de inflexión: combinar presencia, tecnología e investigación para recuperar la tranquilidad en sus corredores comerciales. El resultado de Santa Mónica marcará la senda.
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