El alivio inflacionario cambia el centro de gravedad del recaudo.
La eliminación del IVA a combustibles replantea la arquitectura de la reforma: el Gobierno sacrifica $2,6 billones y traslada el peso a consumos específicos, patrimonio y rentas. El objetivo es doble: proteger precios en el corto plazo y sellar un recaudo de $16,3 billones que permita anclar la regla fiscal.
El reacomodo reduce el rubro por eliminación de beneficios a $2,9 billones y refuerza el lado del consumo: bebidas alcohólicas, vehículos híbridos y hospedaje a no residentes entran al 19 %. Para combustibles, se opta por ingresos al productor (ACPM al 10 % en 2027 y 19 % en 2028), posponiendo impactos directos en el surtidor.
En renta personal, el fin de la deducción de 72 UVT por dependiente y el gravamen al componente inflacionario apuntan a ampliar base y cerrar arbitrajes. El patrimonio asume un rol protagónico con cinco tarifas que ascienden hasta 5 % para grandes fortunas, buscando progresividad y recaudo estable.
El sector financiero queda en el centro del debate: la sobretasa pasa de 5 % a 15 %, llevando la carga efectiva a cerca de 50 % con tarifa general de renta. El mensaje político es claro: el ajuste debe sentirlo quien más capacidad de pago tiene, aunque el riesgo es encarecer crédito y frenar inversión.
Para turismo, el IVA del 19 % al hospedaje de no residentes tensiona una actividad que venía de la recuperación. En tecnología del juego, la nivelación tributaria a plataformas en línea reduce brechas con operadores físicos y preserva $1,6 billones proyectados.
El Gobierno prevé 0,8 % del PIB en 2026 como ancla de confianza, pero acepta que el paquete es transitorio: sin reformas al gasto inflexible, el desempeño dependerá de cumplimiento y crecimiento. La sostenibilidad exigirá nueva agenda en 2026–2027.
Internacionalmente, la estrategia emula a países que han reorientado impuestos a consumos con externalidades y a patrimonios, evitando shocks en combustibles. La diferencia estará en la capacidad de fiscalización y en la estabilidad jurídica del texto final.
Gremios de banca y comercio piden gradualidad y claridad reglamentaria. Expertos macro ven con buenos ojos el retiro del IVA a combustibles por su efecto en IPC y credibilidad del Banco de la República, pero alertan por la elasticidad de los nuevos IVA.
El Congreso tendrá que medir impacto sectorial y ritmo de recaudo para no afectar el rebote de inversión. El foco estará en patrimonio, sobretasa financiera y hospedaje.
En síntesis, el rediseño sube la probabilidad de aprobación, pero deja tareas pendientes para el mediano plazo. La discusión apenas comienza.
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