¿Por qué cayó la reforma tributaria? Claves de las ponencias que la hundieron

Mayorías en Comisión Tercera activaron el freno: 10 de 17 firmas en el Senado.

La reforma tributaria diseñada para financiar el presupuesto de 2026 no superó el test político. Dos ponencias de archivo, en Senado y Cámara, cerraron la puerta a un proyecto que, aunque técnicamente ambicioso, careció de mayorías y de timing en un contexto de desaceleración y sensibilidad social al costo de vida.

En el Senado, Efraín Cepeda sumó 10 firmas en la Comisión Tercera; en la Cámara, Katherine Miranda formalizó su archivo con argumentos de progresividad e impacto sobre la canasta. El mensaje: sin consensos previos y con fatiga reformista, una política tributaria expansiva no pasa.

1) Gobernabilidad y calendario. La ruta legislativa exigía margen político que el Gobierno no consolidó. En comisiones económicas, donde se define la vida o muerte de las reformas, la aritmética (10/17 en Senado) dejó el trámite sin oxígeno.

2) Señales para el crecimiento. Bancadas y gremios advirtieron que el paquete de recaudo (hasta $26 billones) elevaba la carga agregada, con efectos en inversión y empleo. La comparación con estándares OCDE en renta corporativa reforzó el argumento de pérdida de competitividad.

3) El capítulo ambiental. El impuesto al carbono, clavija clave para metas fiscales y climáticas— emergió como detonante político por su efecto en gasolina y diésel. Transportadores y hogares de rentas bajas percibieron un aumento inmediato en movilidad y alimentos.

4) Renta personal y ahorro. La ponencia negativa en Cámara cuestionó alzas de tarifa, límites a deducciones y cambios en dividendos y ganancias ocasionales, por su impacto sobre clase media y el mercado de capitales local.

5) Lecciones de reformas previas. Tras intentos fallidos en 2024 y ajustes en 2022, el Congreso blinda consensos mínimos: ampliar base y elevar consumos sin compensaciones nítidas encuentra resistencia transversal.

6) Alternativas sobre la mesa. Sin reforma, el Ejecutivo enfrenta un rompecabezas: recortar gasto, mejorar eficiencia y lucha contra evasión, y explorar una versión 2.0 con objetivos más acotados y cronograma realista.

7) Riesgo fiscal. El archivo presiona la consolidación: o se reordena el gasto y se priorizan inversiones, o el costo de la deuda puede subir. Las calificadoras seguirán la coherencia entre metas y ejecución.

8) Ventana de oportunidad. Un diseño con gradualidad en carbono, simplificación para pymes, y austeridad verificable podría reconstruir mayorías. El Congreso ha dado señales de que no bloqueará ajustes, pero sí paquetes percibidos como regresivos.

Las bancadas que firmaron el archivo celebraron el “alivio” para hogares y empresas, al tiempo que pidieron un plan de austeridad y recaudo por eficiencia. En el empresariado, la consigna es estabilidad: menos vaivén normativo y más claridad regulatoria.

En el Ejecutivo, equipos técnicos trabajan en escenarios de contingencia para 2026: recortes, traslados, y un nuevo texto con metas realistas de recaudo, enfoque progresivo y compensaciones a transporte y alimentos.

Cayó la reforma, no el reto fiscal. Al Gobierno le corresponde ahora priorizar medidas creíbles, con cronograma, métricas y compromisos verificables. Si hay consenso en algo es en esto: ingresos sostenibles más el gasto eficiente.