Un cargo clave sin titular complica el control preventivo y sancionatorio.
La nueva caída del quórum en el Concejo de Cali dejó otra vez sin piso la elección del contralor en propiedad. El llamado del presidente Edison Lucumí buscaba superar semanas de dudas jurídicas y aplazamientos, pero 15 curules vacías bloquearon la sesión. La interinidad sigue y con ella la fragilidad del control fiscal en la tercera ciudad del país.
Llegaron apenas seis cabildantes: Lucumí, Ana Erazo, Roberto Ortiz, Flower Rojas, María del Carmen Londoño y Rodrigo Salazar. Solo Carlos Andrés Arias radicó excusa formal. El procedimiento contemplaba escuchar a la terna y abrir espacio de preguntas para, luego, votar. Nada de ello ocurrió por la falta del mínimo deliberatorio.
Más allá del golpe simbólico, la ausencia tiene efectos prácticos: la Contraloría sin titular opera con encargos, se ralentizan decisiones y se diluye la rendición de cuentas, especialmente en vigilancia a contrataciones, hallazgos y planes de mejoramiento. La coyuntura coincide con un calendario de ejecución presupuestal sensible al cierre de año.
La reacción ciudadana fue inmediata. Veedurías como la encabezada por Angello Vásquez anunciaron acciones legales para exigir explicaciones sobre las ausencias, mencionando eventuales faltas disciplinarias e incluso pérdida de curul si no hay justificación. El abogado Eduardo Castillo, por su parte, adelantó denuncias por presunto incumplimiento de deberes públicos.
Políticamente, el episodio deja al Concejo bajo presión: la credibilidad de la corporación se resiente cuando un proceso de alta visibilidad se frustra por inasistencia. En contraste, los seis asistentes pidieron disculpas y llamaron al respeto del cronograma, recordando que el recinto es el espacio para debatir diferencias, no para vaciar la sala.
El caso se inserta en una tendencia nacional de tropiezos para elegir órganos de control por litigios, anulaciones de ternas y fallas de quórum. En ciudades intermedias y capitales, estos vacíos han derivado en interinidades prolongadas que afectan la planeación, el seguimiento a metas fiscales y la confianza de terceros.
En términos de gobernanza, la figura del contralor propicia control preventivo, alerta temprana y sanciones cuando hay mérito. Sin liderazgo claro, el músculo técnico existe, pero las decisiones estratégicas se dilatan. La administración local y los contratistas operan con señales cruzadas en un momento de alta sensibilidad pública.
De cara a la reprogramación de este viernes, el Concejo enfrenta un dilema de costos: asistir y votar —asumiendo el costo político de definirse— o volver a postergar —asumiendo el costo institucional de bloquear el control fiscal—. La ciudadanía ya tomó nota y elevará el escrutinio.
En el ámbito jurídico, la eventual pérdida de curul por ausencias injustificadas depende de los reglamentos internos y la causalidad probada. Aun así, el anuncio de denuncias agrega presión y abre un carril paralelo que puede escalar si el bloqueo persiste.
El reloj corre. Cali necesita resolver la jefatura del control fiscal para entrar a 2026 con un tablero institucional completo. Lo contrario implicará prolongar un déficit de confianza que golpea la ejecución pública y la relación con los contribuyentes.
Veedurías, gremios y líderes comunitarios pidieron sanciones efectivas y reglas claras. El mensaje de “tolerancia cero” a la ausencia injustificada tomó fuerza en redes locales y mesas de control social.
La Mesa Directiva del Concejo convocó nuevamente e insistió en la transparencia del proceso. Los aspirantes mantienen su disposición a exponer su hoja de ruta y someterse al escrutinio público.
La elección del contralor de Cali será una prueba de estrés para el Concejo: o restituye el quórum y decide, o profundiza la interinidad.
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