La EPS reporta pagos y conciliaciones; el Distrito habla de presión hospitalaria
El Distrito y la Nueva EPS presentaron balances contradictorios sobre el impacto de la intervención estatal de la mayor aseguradora de salud del país. Para la Secretaría de Salud de Bogotá, la deuda con la red pública se triplicó en un año y las urgencias operan al 320%, con un 16% de pacientes provenientes de otras regiones. La Nueva EPS rechazó las declaraciones y expuso sus propios números, que incorporan glosas, conciliaciones y giros recientes.
El cruce de cuentas se da tras las advertencias del secretario de Salud, Gerson Bermont, quien calificó las intervenciones a EPS como “un desastre” para la capacidad de respuesta, el patrimonio y los costos administrativos. Nueva EPS con más de 11 millones de afiliados aseguró que sus obligaciones reales con las subredes capitalinas son menores a las que reporta el Distrito y que mantiene procesos de conciliación y pagos en curso.
Según la Alcaldía, la cartera exigible de Nueva EPS con las subredes pasó de $35.334 millones (abril de 2024) a $90.558 millones (septiembre de 2025). Por subred, el Distrito detalla: Centro Oriente (de $4.986 a $14.303 millones), Norte (de $15.522 a $33.140 millones), Sur (de $9.307 a $21.470 millones) y Suroccidente (de $5.520 a $21.645 millones). Para Bermont, el incremento “respalda” la tesis del deterioro tras la intervención.
La Nueva EPS replica que su contabilidad reconoce devoluciones y cuentas en conciliación. Entre abril y diciembre de 2024 registró radicaciones por $69.407 millones, de los cuales $16.149 millones están en conciliación; reportó saldo por pagar de $53.257 millones y giros por $45.057 millones. Entre enero y septiembre de 2025, radicó $86.396 millones, con $23.637 millones en conciliación; registró saldo por pagar de $62.759 millones y giros por $74.636 millones. Con ese criterio, las obligaciones netas serían menores a las del Distrito.
Más allá de la cartera, la Personería de Bogotá reportó 1.943 quejas de afiliados de la Nueva EPS entre enero y septiembre de 2025: 49% por demoras en medicamentos y 36% por imposibilidad de conseguir citas. Para el ente de control, se trata de barreras estructurales en el acceso.
La Contraloría General advirtió que la intervención “no ha sido eficaz para corregir deficiencias estructurales” y que la EPS podría volverse “inviable” si no se estabilizan las finanzas y los pagos a prestadores. Además, clínicas en departamentos como Cesar alertaron sobre la continuidad de servicios por falta de flujo de recursos.
El debate se inscribe en una crisis mayor del modelo: el valor de la UPC (prima por afiliado) sería insuficiente para cubrir el costo real, según expertos y autoridades locales. Para Bermont, los cambios frecuentes de superintendentes e interventores afectan la continuidad de los correctivos. El 15 de noviembre se anunció a Luis Óscar Gálvez como nuevo interventor, el tercero en poco más de un año.
La disputa por las cifras seguirá en mesas de conciliación. El Distrito insiste en que el deterioro se refleja en la presión hospitalaria y en la atención de urgencias; la Nueva EPS, en asegurar que su flujo de pagos mejoró y que hay diferencias técnicas por depuración de cuentas.
Mientras el secretario invitó a sus homólogos a “mostrar sus cuentas” y a pedir el fin de las intervenciones, la Nueva EPS llamó a “revisar cada número” y reiteró que la diferencia con el Distrito “está en proceso de revisión conjunta”. Hospitales públicos piden flujo oportuno de recursos y tarifas que reconozcan el costo real.
El desenlace dependerá de las conciliaciones, la consistencia de los pagos y la política nacional sobre la UPC y los modelos de contratación. Entre tanto, la capital afronta congestión en urgencias y mayor presión financiera en su red pública.
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