Hogares, PYMES y empleo formal: los tres frentes del ajuste.
La inflación de octubre (5,51 % anual) cambió el tono de la discusión sobre el salario mínimo de 2026. Con un ritmo de precios a la baja frente a los picos recientes, el mercado anticipa un ajuste moderado, más alineado con la “desinflación” y con la meta de no frenar la recuperación del empleo.
El “techo y piso” de la negociación lo ponen la mesa tripartita —Gobierno, trabajadores y empleadores— y un conjunto de variables: IPC, productividad y entorno económico. La instalación, prevista para el 1 de diciembre, abre un calendario corto pero decisivo para definir el ingreso base de millones de colombianos el próximo año.
El IPC de 5,51 % fija un punto de partida objetivo. En teoría, el mínimo no debería subir menos que la inflación, para preservar poder de compra. Sin embargo, la productividad —usualmente calculada por entidades técnicas— agrega sensibilidad: si es positiva, puede justificar un incremento por encima del IPC; si es baja, sugiere prudencia.
En 2025, el salario mínimo se ubicó en $1.423.500 (sin auxilio) tras un 9,53 % de aumento, mientras el auxilio de transporte quedó en $200.000. Esta base es la que se proyecta con el IPC para 2026, lo que daría un valor aproximado a $1,502 millones sin auxilio.
Para las PYMES, que concentran empleo, la elasticidad entre costos laborales y contratación es alta. Un alza agresiva puede forzar ajustes de nómina o precios; una moderada ayuda a sostener la formalización. Para los hogares, incluso un aumento en línea con el IPC representa alivio frente a alimentos, transporte y servicios.
Comparado con la región, Colombia llega con inflación a la baja, pero aún por encima del rango meta (3 % ± 1) del Banco de la República. Esa convergencia incompleta sugiere cautela: un incremento excesivo podría demorar la desinflación por la vía de costos salariales.
En paralelo, el banco central avanza en la normalización monetaria. Un ajuste salarial razonable puede ser coherente con esa trayectoria, mientras que uno desanclado del IPC podría recargar expectativas.
El mercado laboral da señales mixtas: mejora en empleo formal en algunos sectores, pero debilidad en microempresas y servicios de baja productividad. La mesa suele incorporar estas señales para calibrar la cifra final.
En 2024–2025, la discusión pública estuvo cruzada por propuestas políticas y mensajes en redes, pero los acuerdos efectivos se movieron dentro de bandas técnicas, con el IPC como ancla. Todo apunta a que 2026 repetirá este patrón.
La secuencia de la negociación contempla mesas técnicas, presentación del dato de productividad y rondas de acercamiento. Si no hay acuerdo, el decreto debe ponderar las variables exigidas por la ley y la jurisprudencia.
Gremios plantean una subida “compatible con generación de empleo”, mientras sindicatos exigen una recuperación “real del salario” tras dos años de inflación alta. El Ministerio insiste en un diálogo con evidencia y en que el fallo final recogerá IPC y productividad.
Un rango 5,5 %–7 % aparece como el más probable según analistas, con implicaciones diferentes: por debajo del 6 % prioriza empleo; por encima del 6,5 % da más oxígeno al consumo de los hogares. La decisión final marcará el pulso del primer trimestre de 2026.
Entre un IPC que baja y una productividad por definirse, la mesa del mínimo calibrará cuánto ajuste puede absorber la economía sin frenar el empleo. La aritmética está clara; lo que falta es el acuerdo político.
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