¿Qué cambiar en inteligencia y control territorial para evitar tragedias?
El bombardeo en Guaviare, con al menos siete menores entre 19 muertos, colocó a la política de seguridad en un cruce de caminos. La operación buscaba frenar una amenaza inminente contra un pelotón y golpear a las estructuras de “Iván Mordisco”, pero desató preguntas sobre legalidad y eficacia.
La controversia revela dos debates: si el ataque cumplió el DIH distinción, proporcionalidad, precaución y si el bombardeo es útil contra grupos que ya no operan en campamentos tradicionales. En ambos frentes, las respuestas condicionarán la paz total.
Desde 2024 el Ejecutivo reintrodujo bombardeos selectivos contra disidencias y el Clan del Golfo, tras una primera etapa de moratoria táctica. La decisión se justificó por el alza de ataques a la Fuerza Pública y el estancamiento de diálogos con actores reacios.
El caso Guaviare expuso el talón de Aquiles de la fuerza aérea: capacidad de impacto rápido con alto riesgo colateral en contextos selváticos y mixtos. Si los objetivos conviven con menores reclutados o población civil, la munición guiada no neutraliza por sí sola el dilema humanitario.
La proporcionalidad es clave: ¿la ventaja militar de evitar una emboscada a 20 soldados supera el daño previsible a menores? La respuesta depende de la calidad de la inteligencia previa y de alternativas tácticas viables (aislamiento del objetivo, captura, evacuaciones, cercos terrestres).
A diferencia de las FARC de antaño, hoy las disidencias fragmentan mandos, rotan campamentos y se mimetizan en zonas periurbanas. Resultado: los bombardeos tienden a neutralizar mandos medios, rápidamente reemplazables, a menos que se combinen con control territorial sostenido y desarticulación logística.
En términos políticos, el episodio fuerza a Petro a reconciliar su discurso de senador crítico de bombardeos con víctimas infantiles con la responsabilidad de comandante en jefe. La oposición enfatiza “incoherencia”; el Gobierno invoca riesgo inminente y protección de tropas.
La Procuraduría respaldó la operación, mientras que organizaciones como Coalico y voces académicas recordaron que la niñez es sujeto de especial protección, incluso si fue utilizada en hostilidades. De ahí la obligación de precaución reforzada.
Lecciones operativas emergen: 1) inteligencia humana y comunitaria para mapear presencia de menores; 2) tiempos de espera y vigilancia persistente para capturas selectivas; 3) interdicción logística y control de corredores; 4) equipos de extracción y atención a posibles víctimas en el posataque.
El resultado final, golpeó a las disidencias, pero el costo humanitario podría fortalecer la narrativa de reclutamiento de estos grupos y tensar relaciones con la comunidad internacional. Mitigar ese efecto requiere investigación transparente, sanciones si procede y reparación.
En el Congreso se perfilan citaciones a MinDefensa y a la cúpula militar para revisar reglas de enfrentamiento y protocolos de verificación de presencia de menores. La oposición evalúa mociones de control político.
Organismos de derechos humanos piden protocolos interagenciales para operaciones con señales de reclutamiento forzado, además de monitoreo externo y acompañamiento internacional cuando la inteligencia anticipe riesgo a la niñez.
El Gobierno enfrenta una ecuación compleja: mantener presión sobre estructuras armadas sin perder el alto terreno moral ni violar principios del DIH. La respuesta más táctica y menos punitiva a distancia definirá la credibilidad de la paz total.
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