El reloj contractual y regulatorio que aprieta a Bogotá.
La crisis de basuras en Bogotá es, a la vez, estructural y coyuntural. Estructural, porque la ciudad genera más de 5.600 toneladas diarias de residuos no aprovechables y sufre rezagos en separación, aprovechamiento y control del espacio público. Coyuntural, porque el 11 de febrero de 2026 vencen los contratos del esquema de áreas de servicio exclusivo (ASE) y la CRA ha negado dos veces su prórroga, dejando abierta la posibilidad de libre competencia.
El modelo bogotano —cinco concesionarios por zonas— busca evitar “desiertos de servicio”, pero exige estudios técnicos robustos cada vez que se renueva. En 2025, la CRA señaló defectos en la solicitud del Distrito y pidió ajustes que no llegaron a tiempo. El alcalde Galán movió fichas: salió Consuelo Ordóñez de la UAESP, entró Armando Ojeda, y se anunció un plan de choque para evidenciar mejoras en la calle antes de diciembre.
Los síntomas son visibles. Más de 700 puntos críticos, 2.006 quejas en un año, botaderos clandestinos y contenedores faltantes. La Contraloría halló incumplimientos en inventarios y espera fallar responsabilidades. En lo contractual, la UAESP abrió nueve procesos a operadores; sólo uno avanzó a sanción. El costo al usuario supera los $851.000 millones anuales.
La comparación inevitable es 2012: cuando vencieron contratos, la ciudad colapsó. Esa crisis derivó en decisiones disciplinarias que marcaron la política bogotana. Hoy, aunque la Administración defiende que redujo focos críticos y acelera la reposición de equipos, los indicadores en calle no acompañan al ritmo esperado por la ciudadanía.
¿Qué implicaría la libre competencia? Más jugadores, pero también riesgos de cobertura desigual. El Distrito propone exigir declaraciones de áreas de interés a los operadores para blindar con Aguas de Bogotá o licitaciones complementarias las zonas desatendidas. El cambio exigirá supervisión intensa, reglas claras de calidad, multas efectivas y tableros de control abiertos.
La contenerización es un nudo: funciona en unos barrios, se degradó en otros. Hubo pérdida, vandalismo y mal uso. Sin reposición oportuna, el contenedor se vuelve punto de arrojo. La Contraloría exige inventario adicional de 10% y trazabilidad de reposición. A eso se suma el manejo de voluminosos y RCD: cuando no hay rutas y tarifas claras, los escombros ocupan el espacio público.
En el trasfondo está Doña Juana: lixiviados, vectores y presión social en la cuenca del Tunjuelo. Sin economía circular de verdad —compras públicas de material reciclado, formalización de recicladores y metas por localidad— la ciudad seguirá enterrando el problema. El Distrito reporta avances puntuales en puntos críticos, pero el gap entre generación y aprovechamiento sigue abierto.
La gobernanza es determinante: la CRA exige estudios consistentes; la UAESP debe vigilar mejor y sancionar a tiempo; los operadores necesitan flota disponible y mantenimiento; la ciudadanía debe cumplir horarios y separar en la fuente. Cuando alguna pieza falla, aparece lo que todos ven: bolsas rotas y ratas.
Para 2026, cualquiera que sea el modelo, la ciudad necesitará estabilidades de transición, comunicación masiva de frecuencias y paneles públicos de desempeño por localidad: quejas, tiempos de recolección, barrido, reposiciones y multas. Sin esa transparencia, la conversación seguirá atrapada en la percepción.
La CRA defendió su papel técnico y reiteró que las ASE sólo se autorizan con justificación plena. El Concejo de Bogotá intensificó el control político y pidió metas mensuales por operador y localidad; desde la Alcaldía se rechazó declarar emergencia sanitaria y se insistió en la ruta de plan de choque + ajuste regulatorio.
El 2026 no es sólo una fecha: es un examen de capacidad institucional. O Bogotá traduce la coyuntura en reformas que limpien las calles y ordenen el sistema, o repetirá ciclos de improvisación. La competencia, por sí sola, no barre; la regulación, sin calle, no limpia.
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