El plan busca evitar una primaria en marzo con baja participación.
La propuesta de encuesta única en diciembre condensa dos pulsos: el técnico, que promete eficiencia y reducción de costos, y el político, que exige reglas aceptadas por todos. El respaldo de Álvaro Uribe —quien la calificó como “generosa”—, y la apertura de La U y Cambio Radical, mueven la aguja de un sector que llega fragmentado a la antesala de 2026.
¿Por qué ahora? El lanzamiento de De la Espriella en el Movistar Arena mostró capacidad de movilización y reactivó la discusión sobre unidad. En paralelo, encuestas publicadas en noviembre reflejaron un triple empate por bloques y un alto indeciso, escenario que desincentiva una consulta interpartidista que podría dirimir por aparatos antes que por opinión.
La mecánica sugerida contempla múltiples encuestadoras, fichas técnicas auditables y aceptación previa del resultado. Sobre el papel, reduce la litigiosidad. Pero la legitimidad dependerá de la percepción pública y de blindajes: muestreos probabilísticos, publicación de microdatos, supervisión académica y veeduría de campañas.
El calendario es el mayor riesgo. Un operativo nacional antes del 10 de diciembre implica logística exprés: diseño, pilotajes, campo y divulgación con tiempo para amarrar una coalición y un programa mínimo. Sin eso, la unidad puede tornarse nominal, incapaz de sostenerse en la campaña.
También hay un componente jurídico: si de la encuesta deriva un acuerdo vinculante entre partidos, debe traducirse en coavales o reglas de disciplina interna para evitar disidencias. La experiencia comparada muestra que los sondeos de convergencia funcionan si hay compromisos públicos y sanciones a quien los rompa.
El respaldo de Uribe tiene lectura estratégica: ordena expectativas en el Centro Democrático y deja abierta la competencia entre nombres sin “coronar” a nadie. Para La U y Cambio Radical, el atractivo está en evitar una primaria que erosione sus bases o que los obligue a jugar con reglas ajenas.
En cuanto al electorado, la encuesta podría simplificar la oferta y reducir canibalización. Pero corre el riesgo de dejar por fuera liderazgos con voto regional que una medición nacional no capte del todo. Una manera de compensarlo es ponderar submuestras por región y tamaño municipal.
El impacto comunicacional pesa. Una fotografía de unidad en diciembre reconfigura la conversación de fin de año, mientras la izquierda y el centro ajustan sus cartas. Si fracasa, los costos reputacionales serían altos y devolverán al sector a la dispersión y al choque en marzo.
La conclusión provisional: el mecanismo es viable si cumple estándares técnicos y se acompaña de un pacto programático verificable. De lo contrario, será apenas una señal. En todo caso, el movimiento ya alteró la agenda de 2026.
Los próximos días dirán si el guiño se traduce en firma o se queda en intención.

Más historias
Entre NOTAM y geopolítica: qué pesa detrás del “cierre” aéreo a Venezuela
¿Competencia distrital o asunto metropolitano? El pulso por el PR30
El costo diplomático de un gesto: por qué Petro aplazó su viaje a China