El caso exhibe las costuras del control interno en la petrolera estatal.
La llegada de una alerta de la UIAF a la presidencia de Ecopetrol en febrero de 2024 marcó el punto de partida de una controversia que hoy escala políticamente. El reporte advertía un incremento patrimonial cercano a $7.000 millones del vicepresidente Bernardo Forero, y pedía activar protocolos de debida diligencia y trazabilidad.
¿Por qué no hubo decisiones internas visibles tras la alerta? Fuentes abiertas señalan que el proceso habría quedado en validaciones internas no concluyentes. En paralelo, columnas periodísticas retomaron antecedentes internos y externos, como indagaciones de años previos, que apuntaban a riesgos reputacionales. El vacío de comunicación alimentó la narrativa de inacción.
El mensaje del Presidente para que el titular de Ecopetrol “actúe” reposiciona el caso: o hay explicaciones verificables que cierran la brecha, o se activan medidas administrativas y disciplinarias. Para el mercado, más que el monto, preocupa la oportunidad del control y la respuesta pública de la compañía.
En estándares de compliance, una alerta de inteligencia financiera exige: confirmar información con soportes bancarios y fiscales, documentar entrevistas, revisar conflictos de interés, cotejar con ROS previos y, de ser necesario, escalar a comités y autoridades. Cualquier dilación debe justificarse y constar en actas.
La gobernanza de compañías listadas o con presencia en mercados internacionales suele contemplar divulgaciones a inversionistas cuando un evento puede afectar reputación. En el caso Ecopetrol, expertos recomiendan un parte público que precise qué se hizo desde febrero, qué faltó y cuál es el plan.
Este episodio se suma a meses de atención sobre decisiones del alto gobierno corporativo, contrataciones y auditorías reputacionales. Si bien los hechos son distintos, el hilo común es la necesidad de credibilidad en los procesos de control interno y en la relación con los órganos de vigilancia.
El directivo involucrado no ha sido acusado penalmente. La UIAF emite alertas administrativas, no sanciones. La prudencia es indispensable, pero el principio de transparencia también: explicar por qué hubo una pausa prolongada y cuál es el estado del expediente.
Para la empresa, las opciones van desde cerrar la alerta con soportes verificables hasta abrir investigaciones formales, separar de funciones de manera preventiva o remitir a entes externos. La prioridad: restaurar confianza mediante evidencia y decisiones oportunas.
El llamado presidencial activó una cadena de solicitudes de información de medios, analistas y veedurías, centradas en fechas, actas y responsables. El tiempo de respuesta y la calidad de la documentación pesarán en la calificación reputacional de la petrolera.
En el plano político, la oposición usa el episodio para cuestionar el liderazgo en Ecopetrol; el Gobierno busca marcar distancia con una instrucción pública de actuar. La UIAF podría requerir aclaraciones complementarias, y los órganos de control revisar posibles omisiones.
Más que un caso individual, la discusión exhibe la urgencia de protocolos robustos y comunicados claros en la mayor empresa del país. La trazabilidad decidirá el desenlace.
Más historias
Qué nos dice el ADN de Shimao sobre poder, parentesco y violencia ritual
68 quemados y un hospital al tope: ¿qué falla cada diciembre?
El Tribunal Europeo da un giro al reconocimiento del matrimonio gay