marzo 2, 2026

El “plan B” fiscal del Gobierno: menos recaudo, menos ruido, ¿más viabilidad?

El texto recorta metas y riesgos políticos.

La ponencia positiva de la reforma tributaria aterriza en $16,3 billones, un giro pragmático para desactivar resistencias. Salieron las cargas a iglesias, ACPM y eventos, y se frenó el IVA a combustibles. La apuesta: viabilidad política sin encender la inflación.

Pero la aritmética parlamentaria no cierra: solo 10/46 firmaron la positiva y hay dos ponencias negativas en carrera. El desenlace depende de una negociación que compatibilice disciplina fiscal con capital político en las comisiones conjuntas. 

El recorte de $10 billones frente al máximo planteado meses atrás responde a tres dilemas: (1) inflación y sensibilidad de los combustibles, (2) rechazo social/religioso a gravar iglesias, y (3) debilidad de mayorías. Con menos recaudo, el Gobierno busca una curva de adopción más suave. 

En lo técnico, el ancla de $16,3 billones luce más realista en un Congreso fragmentado. En lo fiscal, puede ser insuficiente si los ingresos tributarios siguen cediendo y la regla fiscal continúa tensionada. El trade-off: credibilidad política hoy vs. sostenibilidad mañana. 

La eliminación del IVA a combustibles y del tributo al ACPM evita presiones de costo sobre transporte y alimentos, un alivio para la inflación y el bolsillo. Quitar el gravamen a eventos desactiva al sector cultural, que temía freno a la reactivación. 

La banca mantendría sobretasas, pero el texto limpia medidas de alto costo político. El objetivo es preservar espacio para negociar en el segundo y tercer debate, donde suelen reaparecer artículos nuevos. 

Políticamente, la reforma llega sin impulso; la oposición calcula votos para archivarla en comisión. Un revés abriría compuertas a endeudamiento o recortes, y repondría el debate sobre un plan fiscal alterno. 

El antecedente reciente, un presupuesto pasado con recorte de $10 billones, explica la urgencia de una fuente estable. Sin reforma, el Gobierno estiraría la cuerda con traslados, cupos o deuda más cara. 

En la “micro política” del Congreso, la salida de impuestos a iglesias reordena apoyos en bancadas conservadoras y cristianas; quitar cargas a combustibles puede alinear regiones. Falta saber si alcanza para 10–12 votos decisivos en cada cámara. 

Los tiempos juegan en contra: comisiones conjuntas, conciliaciones y eventual control constitucional. Cada concesión suma votos, pero resta recaudo. La incógnita es dónde se fija el punto de equilibrio. 

Para empresarios y mercados, el viraje reduce la incertidumbre regulatoria de corto plazo; no obstante, la brecha fiscal persistirá si el monto final cae por debajo de $16,3 billones. Riesgo: más prima de riesgo y costo de deuda. 

En la arena política, el Gobierno gana oxígeno con concesiones, pero cede narrativa de reforma estructural. Si no consolida mayorías pronto, la ventana legislativa se estrecha y el costo de oportunidad aumenta. 

La ponencia positiva es una apuesta incrementalista: avanzar algo hoy para no perderlo todo mañana. El Congreso definirá si ese realismo basta para cuadrar la caja de 2026 sin reabrir heridas sociales.