Críticas, datos y presión sectorial: así se cayó la retención del 1,5 %

La DIAN admitió un riesgo: más efectivo y menos trazabilidad.

La administración nacional desmontó el proyecto de retención del 1,5 % a pagos digitales y dejó en 0 % las tarjetas, tras un mes de críticas técnicas y gremiales. El giro reconoce que gravar el ecosistema digital podía reforzar el uso de efectivo —que ya domina— y debilitar herramientas de control como la trazabilidad de transacciones.

En octubre, el borrador de decreto buscaba “nivelar la cancha” entre tarjetas (que tenían 1,5 %) y billeteras/plataformas que no estaban sujetas a retención. La idea era de equidad horizontal, pero los comentarios advirtieron efectos no deseados: frenar Bre-B —el sistema de pagos inmediatos— y encarecer cobros electrónicos a micronegocios. 

La evidencia comparada pesó. En Brasil, el solo rumor de gravar PIX derivó en caídas de uso; ante el riesgo, se blindó el sistema contra nuevos impuestos. Aunque el contexto colombiano es distinto, la lección es clara: pequeñas fricciones en precios o caja de los comercios reducen la adopción digital.

Además, el costo financiero de una retención mal calibrada —anticipos de renta que se devuelven tarde— afecta la liquidez de quien vende, empujando a algunos a subir precios o volver al cash. El 0 % elimina esa fricción mientras el Gobierno gana datos por mayor uso de medios trazables.

El beneficio esperado: más inclusión financiera, más formalización y, en el mediano plazo, mayor recaudo por una base más amplia. El costo: el Estado renuncia a una retención inmediata, pero apuesta por escala y digitalización del consumo. 

Para comercios, el cambio simplifica caja, reduce incertidumbre y favorece aceptar QR, PSE, billeteras y tarjetas sin “peajes” de retención. Para bancos y fintech, más transaccionalidad y oportunidad de monetizar servicios de valor. Para usuarios, experiencia más homogénea y menos “castigos” por elegir canales digitales.

En adelante, la discusión no es “retención sí o no”, sino cómo potenciar un ecosistema de pagos seguro, interoperable y competitivo: reglas antifraude, protección del consumidor, incentivos a adquirencia en regiones y educación financiera.