Bombardeos y menor edad: por qué el DIH está al límite en Colombia

1.206 casos verificados desde 2019; 450 solo en 2024.

El último mes dejó una fotografía incómoda: la Fuerza Pública intensificó bombardeos contra el EMC de las FARC y Medicina Legal reportó 15 menores muertos en operativos entre agosto y noviembre. La paradoja es que estas acciones buscan golpear a estructuras que, precisamente, se financian y sostienen reclutando niñas, niños y adolescentes. ¿Qué está fallando, entonces, en la ecuación? 

La académica Mónica Hurtado lo llama una dinámica “perversa”: hay “demanda y oferta” de combatientes jóvenes, baratos de entrenar, maleables y provenientes de hogares con ingresos inestables. Allí, la ausencia de oportunidades y la presión territorial de economías ilícitas funcionan como un imán. La táctica aérea puede neutralizar objetivos, pero si no hay sustitución de ingresos, escuela y protección, la curva de reclutamiento vuelve a subir. 

Los datos acompañan la tesis. El equipo de la ONU verificó 450 casos de reclutamiento y utilización en 2024 (42% más que en 2023) y 1.206 desde 2019; 76% se concentran en Cauca, Nariño, Chocó, Arauca, Huila y Putumayo. La Defensoría, a su vez, conoció al menos 409 casos en 2024, cifra que agencias internacionales situaron en 463 por ajustes y subregistro. 

En ese mapa, Cauca es el epicentro. No solo por el histórico asentamiento de grupos armados y corredores del narcotráfico, sino por la disputa fragmentada entre facciones. La escuela se convierte en botín —o en blanco—: en 2024 aumentaron los ataques y usos de instituciones educativas, con más de 7.000 estudiantes afectados, lo que multiplica el riesgo de reclutamiento. 

El DIH exige que toda operación armada observe distinción, proporcionalidad y precaución. En contextos con presencia de niñas y niños utilizados por actores no estatales, esos umbrales se vuelven más estrictos: se pide inteligencia reforzada y alternativas tácticas. Defender la legalidad de un bombardeo no basta si el resultado sistémico son muertes de menores; el estándar también es de necesidad y de menor daño posible. 

En el plano político, el Gobierno ha transitado de suspender bombardeos al inicio del mandato a reactivarlos bajo “condiciones estrictas”. La discusión pública se centra en la coherencia y en la eficacia real de la presión aérea para reducir el reclutamiento. Mientras tanto, los grupos armados responden con videos de propaganda y amenazas, buscando cimentar control social. 

¿Qué cambiar? Tres claves emergen del consenso técnico: (1) prevención con enfoque territorial (rutas escolares seguras, protección comunitaria y etnoterritorial), (2) ingresos legales inmediatos para familias en zonas de riesgo y (3) justicia restaurativa con atención psicosocial para quienes salen del conflicto. Donde estas piezas encajan, desciende la “oferta” de menores. 

Finalmente, la discusión no es “bombardear sí o no”, sino “para qué y con qué salvaguardas”. Si la estrategia no reduce el reclutamiento —y, peor, deja víctimas infantiles—, su legitimidad se erosiona. Reorientar la política pública hacia oportunidades y presencia estatal sostenida no es ideología: es cambiar los incentivos de una economía de guerra que hoy recluta a la niñez.