Defensoría reporta menores fallecidos y eleva el escrutinio sobre reglas de enfrentamiento.
El enfrentamiento discursivo entre el presidente Petro y la representante Cathy Juvinao expone el núcleo del debate de seguridad en Colombia: ¿cómo compatibilizar la negociación con la acción militar en zonas dominadas por economías ilegales? La operación en Guaviare contra el EMC de ‘Iván Mordisco’ encendió alertas por el reporte de menores fallecidos y abrió un frente político de alto voltaje.
Petro justificó el bombardeo como una decisión “de alto riesgo” para evitar la emboscada de un pelotón. Juvinao replicó que el EMC se expandió durante su gobierno y acusó al Ejecutivo de incoherencia con la “Paz Total”. La disputa se libra también en el terreno simbólico: quién carga con el costo del fortalecimiento de actores armados.
En el balance reciente, el Gobierno exhibe logros como la operación Perseo en El Plateado, que buscó recuperar control estatal, aunque con resistencias y complejidades de implementación. Paralelamente, la violencia repunta en otros ejes, lo que sugiere que la presión militar sin cambios estructurales tiene retornos decrecientes.
El DIH exige verificación reforzada cuando hay riesgo de presencia de menores. El reporte de la Defensoría —seis víctimas infantiles— obliga a revisar inteligencia, selección de medios y oportunidad del ataque. El estándar de “proporcionalidad” no es solo jurídico: condiciona legitimidad y respaldo social.
El Gobierno ubica la raíz del problema en incumplimientos del Acuerdo de 2016 durante la administración Duque. Sus críticos responden que la “Paz Total” generó incentivos para rearmarse y expandirse. La evidencia empírica aún es mixta y requiere datos independientes y auditables.
En Guaviare, las economías ilícitas, la geografía selvática y la débil presencia institucional condicionan la efectividad de cualquier estrategia. Los golpes a mandos y campamentos pueden fragmentar estructuras, pero también multiplicar células y disputas por rentas.
Si el Ejecutivo quiere sostener apoyo, debe blindar la cadena de mando y los protocolos de operaciones, publicar lecciones aprendidas y garantizar atención integral a víctimas y comunidades. El Congreso, por su parte, tiene margen para exigir trazabilidad de inteligencia y reglas de enfrentamiento.
Comparado con experiencias internacionales, los bombardeos selectivos en áreas remotas reducen riesgos para tropas, pero elevan el escrutinio por daños colaterales. El desafío está en combinar acción quirúrgica, control territorial sostenido y oferta estatal que compita con rentas ilegales.
La discusión Petro–Juvinao anticipa un pulso más amplio por el rumbo de la seguridad. En juego no solo está la narrativa, sino la arquitectura operativa de la “paz con legalidad” versión 2025.
El desenlace dependerá de la respuesta institucional a las muertes de menores y de la capacidad del Gobierno para mostrar resultados verificables sin erosionar estándares de derechos humanos.
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