De los contratos de FUCOSO a las falsedades: radiografía de la imputación a Nicolás Petro

Lo que empezó como un caso local hoy toca de lleno al Gobierno nacional.

La reanudación de la audiencia contra Nicolás Petro en Barranquilla no fue una simple formalidad judicial. El hijo del presidente, convertido en protagonista de uno de los expedientes más sensibles del país, escuchó uno a uno los delitos que la Fiscalía le atribuye por presuntos hechos de corrupción cuando era diputado de la Asamblea del Atlántico. Su respuesta fue categórica: no aceptó ninguna de las imputaciones.

El caso combina elementos de poder regional, contratación pública y falsedad documental. La Fiscalía sostiene que Petro Burgos habría usado su capital político para incidir en la firma y ejecución de contratos sociales de la Gobernación con la Fundación FUCOSO, y que la estructura no solo habría servido para direccionar la contratación, sino para apropiarse de recursos que debían beneficiar a adultos mayores y poblaciones vulnerables.

En el centro del expediente aparecen dos contratos por 400 y 572 millones de pesos, firmados entre 2021 y 2022. Aunque el entonces diputado no tenía la facultad de suscribir convenios, la tesis fiscal es que su influencia fue determinante para que FUCOSO fuera seleccionada sin un proceso competitivo robusto. Esa gestión política es la base de los dos delitos de interés indebido en la celebración de contratos que hoy pesan sobre él.

El peculado por apropiación, por su parte, se conecta con el destino final de los recursos. Para la Fiscalía, el interés indebido fue el vehículo, y el peculado, el resultado: la apropiación de cerca de 111 millones de pesos provenientes de los anticipos, que habrían sido redistribuidos entre Petro, su entonces pareja Day Vásquez y otros cercanos. No se trata solo de un incumplimiento administrativo, sino de la presunta materialización de un esquema de corrupción en programas sociales.

En paralelo, los cargos por tráfico de influencias ilustran cómo el poder político puede operar por fuera de los actos formales. Según las intervenciones de la fiscal Lucy Laborde, Petro habría presionado tanto a la gobernadora del Atlántico como al secretario general para asegurar los contratos, aumentar su valor y agilizar pagos, usando como carta de presentación su peso electoral y su cercanía con los decisores. Es la cara menos visible, pero frecuente, de la corrupción: la influencia que se ejerce entre bambalinas.

La imputación por falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público agrega una dimensión distinta: la construcción de una hoja de vida y de un perfil patrimonial que no corresponderían con la realidad. El ente acusador asegura que Nicolás Petro habría hecho consignar una relación laboral inexistente y habría inflado certificaciones de pagos para la compra de vivienda, documentos que luego terminaron en sistemas oficiales y declaraciones de renta. En términos jurídicos, se trataría de un intento de darle apariencia de legalidad a ingresos y movimientos económicos cuestionados.

Aunque inicialmente también enfrentaba un cargo de falso testimonio, la Fiscalía decidió retirarlo al considerar que la conducta ya estaba contenida en la falsedad ideológica en documento público. Más allá del tecnicismo, la jugada muestra que el ente acusador busca afinar la acusación para que resista el escrutinio judicial en etapas posteriores del proceso. El juez avaló la modificación, dejando en firme la lista de delitos que el ex diputado niega.

El contexto político agrava el impacto del caso. Desde 2023, el escándalo por lavado de dinero que golpeó a Nicolás Petro y las revelaciones de su exesposa sobre supuestos dineros no reportados ya habían encendido alertas sobre el entorno familiar del presidente. En aquel momento, Gustavo Petro pidió públicamente a la Fiscalía investigar a su hijo y a su hermano “hasta las últimas consecuencias”, buscando marcar distancia y blindar su discurso anticorrupción.

Sin embargo, con el paso del tiempo, el caso dejó de ser una anécdota familiar para convertirse en un desafío de legitimidad para el Gobierno. Cada nueva audiencia reaviva debates sobre la financiación de la política, la influencia del poder central en la justicia y la capacidad institucional para juzgar a personas vinculadas al círculo del poder. Para la oposición, el expediente de Nicolás Petro confirma que el cambio prometido no ha sido inmune a las prácticas de corrupción; para el oficialismo, es una muestra de que la justicia actúa incluso cuando toca al propio Gobierno.

La audiencia de medida de aseguramiento prevista para el 2 de diciembre será clave. Más allá de la definición concreta —detención domiciliaria, libertad con restricciones u otra medida—, el mensaje que envíe el juez será leído en clave política. Si se impone una medida restrictiva fuerte, se interpretará como un golpe al entorno presidencial; si se opta por una decisión más flexible, sectores críticos podrían verlo como un gesto de benevolencia institucional.

Comparado con otros escándalos de familiares de mandatarios en la región, el caso Nicolás Petro refleja tensiones similares: la línea fina entre las responsabilidades individuales y el impacto político sobre el Gobierno. Al final, el expediente no solo dirá si el exdiputado es culpable o inocente; también pondrá a prueba cuán profunda es la voluntad del Estado colombiano de sancionar la corrupción, sin importar el apellido de los involucrados.