El costo humano del bombardeo: 25 niños muertos y un protocolo bajo lupa

Tres casos bajo Duque, cuatro bajo Petro; la mayoría en Guaviare y Amazonía.

Los siete bombardeos que dejaron al menos 25 menores muertos desde 2019 condensan fallas estructurales: inteligencia con brechas de terreno, verificación deficiente de presencia de NNA y costos políticos tardíos. La cifra, reactivada por el ataque del 10 de noviembre de 2025 en Guaviare, reabre la discusión sobre reglas de enfrentamiento y mando responsable.

Entre 2019 y 2021, tres operativos bajo Iván Duque sumaron muertes de menores en Caquetá, Guaviare y Chocó. En 2025, con Gustavo Petro, cuatro acciones en Guaviare, Amazonas y Arauca elevaron el conteo anual a 15 menores, según Medicina Legal. Los datos se depuran en expedientes forenses y judiciales.

El patrón táctico se repite: blanco de alto valor (campamento o cobertizo), confirmación multi-fuente, condiciones meteorológicas, ventana aérea, y liberación de munición. La incertidumbre surge por la movilidad de jóvenes reclutados y habitantes usados como escudos o mano de obra.

Caso 1: San Vicente del Caguán (2019). Tras conocerse que menores estaban entre los muertos, el ministro Guillermo Botero renunció; el episodio fijó un antes y después en la política de bombardeo.

Caso 2: Calamar (Guaviare, 2021). Operación contra disidencias; menores en el lugar pese a labores de inteligencia.

Caso 3: Litoral de San Juan (Chocó, 2021). El ataque contra un jefe del ELN incluyó adolescentes entre las víctimas.

Caso 4: El Retorno (Guaviare, 2025). Tres menores muertos tras un golpe a estructuras de “Mordisco”.

Caso 5: Puerto Santander (Amazonas, 2025). Cuatro menores fallecidos en área selvática de difícil acceso.

Caso 6: Itilla-Calamar (Guaviare, 2025). Siete menores muertos en el operativo más grave del año.

Caso 7: Arauca (2025). Se reportó al menos un menor fallecido en otro bombardeo.

El DIH exige distinción (combatiente vs. civil), precaución (verificar presencia de NNA) y proporcionalidad (evitar daños excesivos). La participación forzada por reclutamiento ilícito no despoja a los menores de protección reforzada. Por ello, los mandos deben justificar por escrito los criterios de oportunidad y por qué no se optó por alternativas menos letales.

En 2025, con cese al fuego frágil y reacomodo de grupos, los campamentos mixtos (adultos armados y jóvenes) se hicieron más difusos. Expertos sugieren operaciones terrestres de cercamiento, altavoces, drones de calor y ventanas de espera para evacuar potenciales NNA.

El control político ha sido pendular: renuncias y debates cuando estallan escándalos; opacidad sobre actas operacionales y reglas escritas. Sin transparencia y lecciones aprendidas, el riesgo de reincidencia persiste.

La Defensoría pidió protocolos públicos de verificación y alertas tempranas; Medicina Legal avanza en la identificación y entrega de cuerpos. Desde el Ejecutivo, Defensa ordenó revisiones internas y alineación con DIH. En el Congreso, se tramitan audiencias para definir límites al bombardeo con presencia probable de NNA.

Organizaciones civiles reclaman reparaciones y sanciones. Comunidades de Guaviare y Amazonas piden presencia social del Estado para cortar el reclutamiento y las economías ilegales que sostienen los campamentos.

Más allá de las cifras, el país enfrenta un dilema: neutralizar amenazas sin dañar a quienes la ley protege con mayor celo. Reformar reglas, elevar umbrales de verificación y publicar protocolos es inaplazable si Colombia quiere que la seguridad y los derechos caminen juntos.