Reclutamiento forzado y uso de la fuerza: tensiones abiertas.
El bombardeo contra estructuras del EMC en Guaviare, con 20 fallecidos y siete menores muertos, reubicó al Estado en un terreno conocido: justificar el uso de la fuerza bajo reglas del DIH frente a un enemigo que instrumentaliza a niños, niñas y adolescentes. El trino de la senadora Isabel Zuleta, que apuntó a quienes “pedían bombardeos”, convirtió el duelo en pugna discursiva.
La Defensoría del Pueblo recordó que el DIH protege especialmente a la niñez y que, aun mediando reclutamiento forzado, el Estado debe extremar precauciones, verificar blancos y minimizar daños colaterales. El dilema táctico es crudo: si los grupos usan a menores como escudos o combatientes forzados, la ventana para el ataque se estrecha y la obligación de no daño se eleva.
En Colombia, el debate no es nuevo. Operaciones pasadas con víctimas menores trajeron reparos de organismos de control y de ONG. En paralelo, la presión por demostrar control territorial alimenta incentivos operacionales que pueden entrar en conflicto con la debida diligencia para proteger a la niñez.
El mensaje de Zuleta catalizó una respuesta transversal. Opositores le reprocharon “politizar” una tragedia; aliados del Gobierno reclamaron asumir responsabilidades sin trasladar culpas. El eje de la discusión no es la legalidad del uso de la fuerza que depende de proporcionalidad y selección del blanco, sino la prudencia política y ética frente a muertes de menores.
Más allá del trino, lo sustantivo es esclarecer: ¿qué inteligencia soportó la decisión?, ¿qué evaluación de riesgo para NNA se realizó?, ¿había alternativas tácticas viables?, ¿cómo se documentó la proporcionalidad? Sin respuestas, la confianza pública se erosiona y las operaciones futuras quedan bajo sospecha.
En el terreno, Guaviare sintetiza la economía política del conflicto: corredores para economías ilícitas, disputa entre facciones y poblaciones vulnerables. La fragmentación de disidencias complica la identificación de mandos y la precisión de blancos, aumentando el margen de error.
Políticamente, el caso tensiona la narrativa de “paz total”. Si el Estado recurre a bombardeos, requiere niveles máximos de transparencia, control civil y rendición de cuentas. La línea roja son los niños: su muerte exige estándares extraordinarios de explicación y reparación.
Internacionalmente, las misiones de verificación suelen recomendar reglas de enfrentamiento reforzadas cuando hay sospecha de presencia de NNA; además, protocolos de evacuación, ventanas tácticas y uso graduado de la fuerza. Atajos operacionales hoy son costos políticos mañana.
Para el Congreso, un debate de control con acceso a informes clasificados bajo reserva podría trazar un mínimo común: preservar capacidad militar sin comprometer la protección reforzada a la niñez. Los partidos, a su vez, deben contener la tentación de convertir el duelo en munición electoral.
La frase de Zuleta fue un fósforo sobre gasolina; la verdadera tarea está en apagar el incendio estructural: reclutamiento, economías ilícitas y gobernanza en la Amazonía. Transparencia, reparación y prevención son la ruta.
Más historias
¿Por qué Juan Valdez entra a Brasil ahora? Claves de la apuesta
¿Por qué importa el video de Alcocer y Manuel Grau en Estocolmo? Claves del caso
El crimen que cruzó fronteras: qué hay detrás del caso Acevedo en Medellín