marzo 2, 2026

Salud y calle: por qué Uribe eligió la Nueva EPS para rearmar la oposición

El 21 de enero será el primer pulso de 2025 en las calles.

Los dardos de Álvaro Uribe contra la Nueva EPS y su llamado a marchar el 21 de enero sintetizan la táctica opositora para 2025: poner a la salud en el centro, elevar el costo político de las intervenciones y conectar con malestares cotidianos de usuarios y hospitales. La frase “contabilidad falsa” funciona como catalizador, aunque exige evidencia y actuación de los entes de control.

El expresidente, además, cruzó el tema sanitario con la política exterior al cuestionar el giro del Gobierno frente a Israel. Con ello busca cohesionarse con sectores moderados que ven con inquietud los choques diplomáticos y los impactos económicos. En su narrativa, Colombia “no puede ser laboratorio fascista” ni “narodikistán”, expresiones que combinan advertencia y sátira política.

En clave de contexto, la intervención de la Nueva EPS en 2024 fue presentada por el Ejecutivo como una medida para proteger a los afiliados y ordenar las cuentas. Los gremios de clínicas denunciaron deudas acumuladas y retrasos, mientras organizaciones de pacientes reclamaron continuidad del servicio. La intervención se volvió el símbolo de la disputa por la reforma a la salud.

Uribe se posiciona como antagonista nítido de la reforma, volviendo a su libreto de seguridad y orden. Al decir “lleven el voto en la mano”, traduce el descontento sanitario en capital electoral. El mensaje a las Fuerzas Militares (“defiendan las banderas y el honor”) reabre un clivaje sobre autoridad del Estado y negociación con grupos armados.

En la arena internacional, el roce con Israel sirve a la oposición para hablar de costos comerciales y reputacionales. El Gobierno, por su parte, ha defendido que su política está anclada en derechos humanos y en la transición energética, y que las decisiones con EPS responden a auditorías y a la ley.

El 21 de enero será una prueba doble: logística (capacidad de movilización y narrativa pacífica) y política (traducción en respaldo electoral y en presión legislativa). La oposición aspira a mostrar músculo ciudadano; el Gobierno medirá si su relato de responsabilidad fiscal, disciplina macro y protección de usuarios aún persuade a una opinión pública fatigada.

Lo que esté en juego no es menor: si prospera la idea de que hubo “contabilidad falsa”, crecerá la presión para sanciones y para revisar la gobernanza del aseguramiento. Si no hay pruebas sólidas, la denuncia podría diluirse como ruido político, encareciendo el costo reputacional de quien acusa.

En cualquier escenario, el sistema de salud seguirá exigiendo gestión fina: pagos a tiempo, rutas de atención claras y reglas estables para EPS, IPS y entes territoriales. La ciudadanía juzgará por resultados y no solo por eslóganes.

La próxima parada está marcada en el calendario y en la opinión: enero será la hora de la calle. Luego vendrán los números: ejecución en salud, recaudo, inflación y empleo. Ahí se decidirá quién impone el tono del año político.