“Norma permite carta de responsabilidad en lugar de licencia”
El Gobierno colombiano emitió el Decreto 1166 del 4 de noviembre de 2025, que elimina la exigencia de licencia de construcción para los programas de mejoramiento, construcción en sitio propio y autoconstrucción bajo el modelo de autogestión.
Con esta modificación, los proyectos estatales financiados podrán aprobarse mediante una carta de responsabilidad firmada por un profesional y registro ante la entidad territorial, sin trámites de licencia habituales.
El cambio cobra vigencia de inmediato, aunque la capacitación y certificación de arquitectos e ingenieros prevista para seis meses aún no se ha completado.
Tradicionalmente, la licencia de construcción actúa como instrumento de formalidad técnica y control urbano en el sector vivienda; su supresión marca un cambio regulatorio importante.
Los programas estatales de vivienda que se beneficiarán pueden tener subsidios de hasta $31,3 millones de pesos, lo cual implica una inversión pública estimada de $12,5 billones en este modelo sin licencia.
Según la normativa, sólo será necesaria una carta de responsabilidad por un profesional y el registro ante las entidades del territorio para que el proyecto avance.
Expertos en el sector advierten que eliminar el trámite de licencia puede debilitar los mecanismos de supervisión técnica, urbanística y de seguridad de las obras.
La ex‑presidenta del gremio de constructoras, Sandra Forero, señaló que la política “pone en riesgo la vida de las familias más vulnerables”.
El decreto indica que el Ministerio implementará una estrategia de capacitación y certificación profesional en seis meses, aunque la norma rige desde ya sin que esas acciones estén terminadas.
Este cambio puede tener impactos en acceso, agilidad y costos de vivienda, pero también plantea dilemas en materia de formalidad, control y seguridad técnica en el largo plazo.
En resumen, la eliminación de la licencia de construcción para determinados programas de vivienda es una decisión de alto impacto regulatorio que pretende facilitar el acceso y acelerar obras. Sin embargo, plantea retos en su ejecución, supervisión y sostenibilidad técnica en beneficio de los ciudadanos.
El verdadero resultado dependerá de la efectividad de los mecanismos de control, capacitación profesional y el cumplimiento de los estándares de calidad de la construcción que acompañarán esta nueva política.
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